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06.05.2013 | 11:16

Marcha Mundial de la Marihuana: en la dulce espera

Cientos de miles de personas marcharon por la despenalización de la tenencia y el consumo; ¿cuáles son las posibilidades políticas y reales de que la ley cambie de una vez y para siempre?

Fotos de Julian Matías Wenner

Fernando Colombini tiene 25 años y vive en Saladillo, un pueblo de 30 mil habitantes en el corazón de la provincia de Buenos Aires. No se gana la vida regenteando un cabaret con tucumanas embaucadas, tampoco explota bolivianos indocumentados en un taller clandestino ni se dedica a desfigurarle la cara a viejos para robarles sus jubilaciones: solo es un simple albañil de fratacho y cuchara, de esos que viven del jornal diario y no gozan de aportes, cobertura social ni ninguna clase de beneficio a cuenta del poderoso gremio de la construcción. No hay datos que expliquen por qué motivo el sistema penal argentino decidió caerle con toda su fuerza a partir de febrero pasado, cuando una cuadrilla policial encontró en el fondo de su casa cuatro macetas con marihuana que el personal desgajó para convertirlo en 18 plantas, según sugiere el informe del allanamiento.

La cantidad hizo a la calidad: el manipulado número final de la requisa fue argumento para que el fiscal interviniente le solicitara la prisión preventiva de Colombini a un juez federal de La Plata, quien se declaró incompetente pero de todos modos concedió el pedido, evaluando que aunque no se habían reunido los elementos necesarios para acusar al obrero de tráfico, tampoco podía asegurarse que las plantas fueran solo para consumo personal. Culpable hasta que se demuestre lo contrario; mientras tanto, sigue tachando palitos y denunciando malos tratos en la cárcel de Magdalena.

Algo huele mal, y no es precisamente el paraguayo que nos obligan a comprar para seguir financiando el negocio que dicen combatir. Lo saben muchos, por eso cada Marcha Mundial por la Marihuana amplía sus alcances y sus convocatorias. Tan sólo en Buenos Aires, cien mil personas fueron de Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación para reclamar lo mismo que cada primer fin de semana mayo desde 2006: la modificación de la Ley 23.737, que a casi 25 años de su sanción solo demostró ser útil para llenar estadística inútil. Mulas con huevos Kinder de faso en el culo, un distraído que pasa fumando al lado de un policía de civil o algún cultivador amateur deschavado por un vecino constituyen las especies favoritas que la política antidrogas exhibe en las pizarras de cada comisaría junto a pungas, putas, trileros y otros especimenes del delito marginal, casi rufián y decadente, el mismo que alimenta las cifras que las autoridades nos refriegan en la cara para darle volumen estadístico a su pretendida eficacia. Cada tanto, por supuesto, aparece un camión con toneladas de cocaína interceptado en un control fronterizo o se desmonta una voluptuosa cocina de paco en alguna villa de fácil acceso para los móviles periodísticos. De todo ese barullo, emerge este dato: sólo el 7 por ciento de todas las causas abiertas por la violación a la Ley de Estupefacientes termina con condenas por tráfico de drogas.

Esta megamovilización porteña, como las anteriores, tuvo réplicas en al menos veinte ciudades del interior y se hizo en coincidencia con la Global Marijuana March, una iniciativa de extensión mundial. En un escenario mundial dispuesto a tomar caminos inéditos en la materia (el ejemplo de Uruguay, sin ir más lejos), Argentina parece mancada a mitad del río. Tras el histórico fallo Arriola de la Corte, casi todos los sectores políticos (incluidos los de más representación social y política) parecían haber coincidido el año pasado en la necesidad de actualizar la Ley 23.737, focalizando la criminalidad en el narcotráfico y ofreciendo más libertades individuales respecto al consumo. Incluso se llegó a organizar un plenario en la Cámara de Diputados entre la comisión de Legislación Penal y la de Prevención de Adicciones para tratar ocho anteproyectos de ley presentados por distintos Diputados. El Senador Aníbal Fernández también había redactado su propuesta y Rafael Bielsa, por entonces titular del Sedronar, se pronunciaba públicamente en favor del impulso despenalizador, dos iniciativas inconcebibles sin la anuencia de la Casa Rosada.

Sin embargo, promediando ese año, el debate perdió voltaje y se quedó a media luz. Los diputados de las bancadas mayoritarias explicaron que preferían esperar un mayor consenso social de propuestas que ellos mismos parecían ya no consentir con el vigor de antes. ¿Estará permitida la cultivación hogareña o será el Estado quien provea? ¿El consumo será restringido al fuero íntimo o habrá también espacios públicos habilitados? ¿La cantidad aprobada para el uso personal estará definida en la ley escrita o quedará bajo el criterio individual de los guardianes del orden? ¿Obligará la ley a estudios serios que definan científicamente los riesgos y daños ocasionados por el uso y abuso? La voluntad puede ser popular, pero la decisión debe ser política y en cualquier caso supone un costo que por lo visto nadie estuvo dispuesto a pagar.

El régimen prohibicionista, lo sabemos, no solo fue ineficaz en su lucha contra el consumo y el comercio de drogas, sino que además le ofreció facultades de intromisión y abuso a quienes deberían funcionar como garantes de la lucha contra el tráfico, un dato alarmante que va más allá de la discusión por poder tener una plantita en el balcón de casa. Toda ley se convierte en letra muerta cuando los sistemas de control son en verdad aliados corrompibles de los intereses que debieran combatir, poniendo al servicio de estos las facilidades para montar un negocio espeluznante. No es un problema de consorcio, una disputa de medianeras o una denuncia por ruidos molestos, y es una pena que así no lo vean los guardianes del orden moral que se ofenden porque el vecino de abajo echa humo por el ventiluz. Se juegan en esto intereses de una profundidad tan escabrosa que solo los entienden quienes juegan dados en el infierno.

En el acto central sobre Entre Ríos entre Rivadavia e Yrigoyen, distintos oradores fueron subrayando los reclamos en agenda: el fin de la persecución a cultivadores y a consumidores de cannabis, la autorización de su uso terapéutico y la atención pública y gratuita a personas con problemas de salud generados por el abuso de drogas en general. Y, en nombre de Fernando Colombini, pidieron la libertad de todos los presos por consumo personal. José María Di Bello (protagonista del histórico primer matrimonio igualitario de Latinoamérica) subió al escenario improvisado sobre el techo de una camioneta, apoyó el plantín que tenía en una mano y giró sobre sí mismo hasta quedar cara a cara con el Congreso. Señalaba con un dedo cada una de las ventanas de la fachada y les exigía coherencia, sensibilidad social y noción del tiempo histórico que estamos viviendo. "Que estén a la altura de las circunstancias", pedía José María. Su voz retumbaba en los amplios despachos, vacíos en jornada no laborable.

Por Juan Ignacio Provéndola

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