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Humo de vecinos: la guerra contra las drogas en los Estados Unidos.

La administración del presidente Clinton ha demostrado “cero tolerancia” frente a la marihuana, a pesar de que cada vez hay más y más pruebas de que no se trata de una hierba letal. Por Eric Schlosser

En los ultimos dias de 1998, algunos hechos dejaron en claro la profunda irracionalidad de la guerra que los Estados Unidos libran contra la marihuana. Durante la segunda semana de noviembre, The Lancet, el diario sobre temas médicos más importante de Gran Bretaña, publicó un completo análisis sobre los efectos dañinos que causa esta droga. El periódico advertía que la gente que fuma marihuana durante muchos años puede contraer una bronquitis crónica, corre mayores riesgos de desarrollar cáncer de pulmón, de garganta y de boca, puede volverse psicológicamente dependiente y puede experimentar algunos problemas con su memoria. También decía que la marihuana no debería ser utilizada por mujeres embarazadas, adolescentes conflictivos, alcohólicos, esquizofrénicos ni personas aquejadas por el asma o por cualquiera que se disponga a manejar un auto. Pero los editores de The Lancet aseguraban también que los peligros de fumar la droga tienen que ser considerados desde una perspectiva mucho más amplia: la marihuana es "una amenaza inferior para la salud que el alcohol o el tabaco, productos que en muchos países son (....) tolerados y publicitados". Basándose en la evidencia médica a su disposición, el diario concluía que el "consumo moderado de cannabis tiene pocos efectos nocivos sobre la salud".

Apenas una semana después de que fuera publicado el artículo, el FBI dio a conocer los últimos datos sobre las detenciones relacionadas con la marihuana en los Estados Unidos. En 1997 fueron arrestadas aproximadamente 695 mil personas por esa razón; por lejos, la mayor cifra en la historia del país. En 1992, el año en que Bill Clinton llegó al poder, habían sido apresados 342 mil individuos.

El 87 por ciento de los arrestos efectuados en 1997 fue por posesión de marihuana, un delito que en la mayoría de los casos supone la tenencia de menos de 30 gramos de hierba. El costo de esas detenciones -sin contar los gastos producidos por los eventuales encarcelamientos que siguen a una condena- alcanzaría los 3 mil millones de dólares. Durante la administración del primer presidente norteamericano que admitió haber fumado alguna vez un porro, por hacer lo mismo fueron a parar a la cárcel más ciudadanos que en ningún otro período de la historia de los Estados Unidos. Durante la presidencia de Clinton, se ha arrestado por fumar marihuana al doble de gente que durante todo el mandato del republicano Richard Nixon.

Aunque el incremento del consumo de marihuana entre adolescentes provocó muchísimo revuelo, en realidad el promedio de consumo de la droga entre la población general permanece estable desde hace años. Parte del reciente aumento de los arrestos puede ser explicada por el mayor celo que la policía pone en combatir las contravenciones contra la "calidad de vida". La política de "cero tolerancia" a la marihuana instigada por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, llevó a que, desde 1992, en esa ciudad los arrestos se multiplicaran por ocho. Este tipo de represión también refleja las políticas abrazadas por el gobierno de Clinton y por el Congreso, dominado por la oposición republicana.

La legislación aprobada a fines de 1998 intensifica la guerra contra la marihuana, que ahora extiende su alcance a los tests de drogas en los ámbitos laborales, otorga fondos para investigar nuevas formas de lucha biológica contra las plantaciones y prohíbe los préstamos bancarios a estudiantes que hayan sido condenados por fumarla.

La guerra se lleva adelante no por lo que en realidad la marihuana le hace al cuerpo sino por lo que simboliza. Es una batalla contra la contracultura de los 60, los viejos hippies, los anticonformistas y una gran variedad de personas a quienes la derecha ha tildado desde hace mucho tiempo como "antinorteamericanas".

Hace veinte años, sin embargo, la despenalización era respaldada por políticos moderados de ambos partidos. Argumentaban que la posesión de marihuana en pequeñas cantidades destinadas al consumo personal tenía que ser considerada no como un delito criminal, sino como una simple contravención, algo parecido a estacionar el auto en un lugar prohibido. La racionali- dad de la despenalización parecía evidente: las leyes nacionales sobre la marihuana no debían causar más daños que la propia droga.

En 1972, una comisión bipartidaria creada por el presidente Nixon pidió su despenalización, recomendación que el propio mandatario rechazó de plano. Sin embargo, once Estados norteamericanos siguieron el consejo durante la década de los 70, y otros treinta y cinco comenzaron a considerar una legislación acorde. La American Medical Association (Asociación Médica Norteamericana), la American Bar Asso- ciation (Asociación Norteamericana de Abogados) y el National Council of Churches (Concilio Nacional de Iglesias), así como el presidente Jimmy Carter, respaldaron esta posibilidad. En octubre de 1977, el Comité Judicial del Senado votó a favor de una despenalización, pero apenas una semana más tarde dio marcha atrás en su decisión, después de las enérgicas objeciones de un senador de Utah, el republicano Orrin Hatch.

Mientras la mayor parte de la opinión pública norteamericana respaldaba la medida, la derecha más extremista pensaba que la droga se estaba convirtiendo en un grave riesgo para la fibra moral de la nación. James O. East- land, senador por Mississippi, aseguró que la "epidemia de marihuana y hachís" estaba siendo diseminada por "grupos subversivos" de izquierda y que amenazaba con convertir a la juventud norteamericana en un conjunto de "semizombies" descerebrados.

Ronald Reagan, que por aquel entonces gobernaba California, era de la misma idea: en 1972 vetó las leyes que habrían reducido las penas estatales por posesión de marihuana. Durante la campaña presidencial de 1980, el futuro presidente adoptó una postura inflexible contra la marihuana y llegó a afirmar que los investigadores médicos la consideraban como "probablemente la droga más peligrosa que circula hoy en los Estados Unidos".

La guerra contra las drogas impulsada por Reagan comenzó en 1982 como una lucha, en primer lugar, contra la marihuana. En ese entonces su primer zar antidroga, Carlton Turner, insistió en que el hábito de fumar porros incidía en la participación juvenil en "marchas contra las autoridades y contra las grandes empresas". También creía que el consumo de la droga podía contribuir a que los adolescentes se convirtieran en homosexuales.

Para los políticos de la generación de los baby-boomers (a la que pertenece Clinton), condenar la marihuana se transformó en un simple instrumento para tomar distancias de la contracultura de los 60. Era la manera de demostrar su auténtico "americanismo". Cuando el consumo de cannabis comenzó a declinar en todo el país, proteger a sus fumadores de sanciones criminales empezó a conceder pocos réditos políticos. Poco a poco, la guerra contra las drogas fue semejándose a la cruzada anticomunista de los años 50, otra caza de brujas patrocinada por el gobierno y dirigida contra los anticonformistas. Cuando Reagan abandonó el poder, en 1988, cada miembro del Congreso y cada candidato para algún puesto en el gobierno tuvo que adelantarse a la pregunta inevitable: "¿Fuma o fumó alguna vez marihuana?"

En 1981, el legislador Newt Gingrich (el hombre que el año pasado encabezó la cruzada republicana para impugnar a Clinton) esbozó un proyecto de ley que habría legalizado el uso medicinal de la marihuana. Quince años más tarde, ya como jefe de la Cámara de Diputados, Gingrich respaldó otro proyecto que exigía la cadena perpetua -o la pena de muerte- para quien poseyera más de 50 gramos. Son los herederos de la revolución reaganiana en el Congreso quienes hoy determinan la política nacional sobre la marihuana.

Los senadores republicanos Mitch McConnell, de Kentucky, y Bob Barr, de Georgia, han sido dos de los más feroces críticos de la droga. McConnell intentó, sin éxito, que la venta o posesión de marihuana tuviera penas federales equivalentes a las de la venta o posesión de cocaína y heroína. Barr, por su parte, luchó con saña para frustrar cualquier investigación gubernamental sobre lo que él denomina "el así llamado «uso medicinal de la marihuana»". Asegura que los intentos por estudiar su valor terapéutico forman parte de una vasta conspiración. "Todos los países civilizados del mundo", dice "están siendo amenazados por los distribuidores de droga que pretenden esclavizar a nuestros ciudadanos". Tanto McConnell como Barr provienen de importantes Estados tabacaleros. Aunque aproximadamente 400 mil norteamericanos mueren cada año por fumar tabaco, los dos políticos centraron todas sus energías en demonizar la marihuana, una hierba que, en sus 5.000 años de uso comprobado, no ha estado nunca vinculada de manera creíble con siquiera una muerte por sobredosis o toxicidad aguda.

El jefe de la Cámara de Diputados, el republicano Dennis Hastert, de Illinois, fue ampliamente retratado por los medios como un político moderado y con sentido común. Pero se le prestó poca atención al papel que jugó el año pasado como presidente de la Task Force for a Drug-Free America (Fuerza de Trabajo para una Norteamérica Sin Drogas), liderada por Newt Gingrich. Durante la campaña para las elecciones legislativas de 1998, fue él quien lideró los esfuerzos de la oposición para presentar al gobierno de Clinton como "blando en materia de drogas". En una conferencia de prensa que ofreció junto a Gary Brauer, presidente del derechista Christian Family Research Council (Concilio de Investigación de Familias Cristianas), Hastert exhortó a los Estados Unidos a "deshacerse de ese hábito destructivo" de consumo; acto seguido, definió a la marihuana como un "veneno". Como respuesta a los informes que aseguraban que alrededor del 70 por ciento de los jugadores de la National Basketball Association (Asociación Norteamericana de Básquetbol, nba) fuman cannabis, Hastert convocó una semana de Atletas, Celebridades y Ejemplos para una Sociedad Sin Droga. Esa misma semana, sus colegas republicanos propusieron en el Congreso la torpemente bautizada Professional and Olympic Athlete Responsibility Resolution (Resolución sobre la responsabilidad de atletas profesionales y olímpicos). La medida sugería que los atletas a los que se les encontrara marihuana o rastros de su consumo fueran conminados a indicar quién se la había vendido. Si no, serían suspendidos un año de toda competencia.

La Task Force for a Drug-Free America no tuvo mucho efecto en los resultados de las elecciones, principalmente porque el gobierno de Clinton se esmeró en mostrarse como un fervoroso combatiente contra las drogas. Donna Shalala, la voz más liberal del gabinete del presidente norteamericano, lideró la campaña de los demócratas en la materia, asumiendo el papel moral que alguna vez jugó Nancy Reagan. En los 60, cuando era estudiante universitaria, Shalala fumó marihuana. En 1990, cuando era rectora de la Universidad de Wisconsin, declaró a la revista Time: "Vemos... a chicos que se meten en líos con las drogas, pero no nos acercamos en en absoluto a los problemas que tienen con el alcohol". Como secretaria de Servicios Humanos y de la Salud, Shalala cambió su discurso: hizo mayor hincapié en el consumo adolescente de la marihuana, a pesar de que quienes cursan el último año del secundario toman el doble de alcohol que lo que fuman porros.

"La marihuana es ilegal, peligrosa, insalubre y un error", aseguró en distintas conferencias de prensa y comparecencias ante el Congreso. "Es un pasaje de ida con el que sueños y esperanzas van a parar a un callejón sin salida."

Shalala trabajó codo con codo con el senador republicano Orris Hatch en la elaboración de informes sobre el consumo de marihuana y le confirió un matiz fuertemente político al National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, nida), una organización que financia la mayoría de las nuevas investigaciones internacionales sobre los efectos que producen en la salud las drogas ilegales. Se supone que el nida debe permanecer imparcial en términos políticos y mantener su objetividad cientí- fica. En 1996, en una conferencia de prensa realizada en el Jelleff Boys and Girls Club de Washington, Shalala dejó en evidencia hasta qué punto la guerra contra la marihuana afectó el espíritu de la pesquisa científica. "Estamos respaldando más y más investigaciones", dijo, "para hacer caer todos esos mitos que dicen que la marihuana y otras drogas no causan un daño duradero".

La nueva legislación que respalda esta guerra, aprobada por el Congreso en octubre pasado y firmada por Clinton, contiene un número de cláusulas a las que adhiere la Task Force for a Drug-Free America. Este año el gasto total dispuesto para la lucha contra las drogas trepará hasta los 17 mil millones de dólares, récord de todos los tiempos.

Entre otras cosas, el Congreso autorizó que se dispongan 23 millones de dólares para la investigación de microherbicidas, hongos de tierra creados en laboratorio para destruir la marihuana, la amapola y las plantas de coca. Fueron concebidos para aniquilar las plantaciones sin dañar a la gente, a los animales ni la vegetación circundante. Muchos legisladores republicanos creen que la nueva guerra biológica puede terminar siendo "un arma de oro" de esta cruzada nacional.

En su conjunto, el proyecto recuerda la guerra química instrumentada contra la marihuana veinte años antes. A fines de los 70, el exceso de suministros de una sustancia química militar denominada paraquat, remanente de la Guerra de Vietnam, fue entregado por el gobierno norteamericano a México. Un programa subsidiado por los Estados Unidos permitió que el paraquat fuera profusamente rociado sobre los campos de marihuana que se encuentran al sur de la frontera entre los dos países. Pero los cultivadores de la planta pronto se dieron cuenta de que una recolección inmediata después de la fumigación impedía la destrucción de la cannabis. El programa fue interrumpido en 1978, cuando el Servicio de Salud Pública norteamericano reveló que fumar hierba contaminada con paraquat podía causar daños pulmonares irreparables. El programa de erradicación, diseñado para terminar con las plantaciones, hizo que muchas de éstas se trasladaran a campos situados en territorio de los Estados Unidos -dado que los fumadores evitaban la droga de origen mexicano- y convirtió a la marihuana en uno de los cultivos más redituables. Las consecuencias a largo plazo que pueden tener los nuevos microherbicidas son igualmente impredecibles.

El Drug-Free Workplace Act (Decreto para un ámbito laboral sin droga), de 1998, otorga fondos federales a pequeñas empresas interesadas en realizar a sus empleados tests de consumo de drogas. El incremento de estas pruebas es uno de los aspectos más significativos de la guerra contra la marihuana. Hace una década, alrededor del 3 por ciento de las doscientas empresas líderes del mercado norteamericano realizaban esta clase de tests a sus empleados y a las personas que solicitaban un trabajo. Hoy, los hace el 98 por ciento de esas compañías.

Casi la mitad de los trabajadores de los Estados Unidos es sometida a esta clase de examen. Como la marihuana es utilizada con mayor frecuencia que todos los demás estupefacientes ilegales juntos, es también la droga que más comúnmente se detecta en los tests que dan positivo.

Estas pruebas administradas por las empresas líderes y por el gobierno federal no pueden determinar si una persona está drogada. Los metabolitos de la marihuana permanecen en la sangre del consumidor durante varios días e inclusive durante semanas después de haber sido fumada. Si alguien fumó un porro un sábado a la noche, el test al que sea sometido puede dar positivo a la mañana del lunes siguiente.

El inmenso sistema de control que gobierna actualmente el mercado laboral norteamericano no logra, por ejemplo, revelar si uno ha estado bajo los efectos de una droga durante el horario de trabajo. Lo único que puede comprobar es si a un empleado le gusta la marihuana o no. El régimen establecido por estos tests pone a los fumadores de cannabis en una lista negra y no les permite conseguir trabajo, más allá de lo buenos o malos que sean en su oficio. Mientras tanto, una persona que todas las noches se toma diez copas de tequila no tiene que soportar que una empresa le cierre las puertas en la cara. Es más: un reciente estudio realizado entre 14 mil individuos empleados en grandes corporaciones, en siete Estados norteamericanos, descubrió que el 8 por ciento de los operarios y casi el 25 por ciento de los gerentes consumen habitualmente alcohol durante sus horas de trabajo.

El Institute for a Drug-Free Workplace (Instituto para un Ambito Laboral Sin Drogas) ayudó al Congreso a esbozar nuevas leyes destinadas a que se realicen más tests sobre drogas y a luchar en el plano nacional contra las normas estatales que restringen la capacidad de maniobra de un empleador para chequear los hábitos de sus trabajadores. Casualmente, cinco de las doce compañías que forman parte del directorio de ese instituto son firmas farmacéuticas que se encargan de realizar este tipo de exámenes. Una industria inexistente hasta fines de los años 80 obtiene ahora ingresos anuales que ascienden a alrededor de 340 millones de dólares.

En octubre del año pasado entró en vigencia la Drug-Free Student Loan Amendment (Enmienda para préstamos estudiantiles sin droga), que deniega préstamos a cualquier estudiante al que se le haya encontrado droga. Algunas leyes previas ya excluían a los "infractores" de casi quinientos beneficios federales: entre otros, préstamos concedidos a pequeñas empresas, licencias profesionales, subsidios agrícolas y permisos para la producción de alimentos. La ley de Clinton que reza "una vez y te quedás afuera" les da derecho a las autoridades para que desalojen de viviendas estatales a una persona a la que se le encuentre mari- huana. Al menos veinte Estados, amparados en normas federales que ordenan que "fumar un porro es igual a perder la licencia", retiran el registro de conducir sin tomar en cuenta si la persona estaba bajo los efectos de la droga o no. Ser arrestado en el sofá del propio living fumando un porro, mientras tu auto está tranquilamente estacionado en la vereda, puede significar castigos mucho más severos que ser detenido por manejar en estado de ebriedad.

Según la ley recientemente promulgada, una persona condenada por posesión de marihuana puede volver a optar para un préstamo estudiantil sólo un año después, tras haber completado un período de rehabilitación y ser sometida a dos tests sorpresa de droga. Una segunda condena por posesión de marihuana implica dos años de inhabilitación legal; una tercera, una descalificación indefinida. Los asesinos, los violadores y los abusadores de menores, en cambio, pueden seguir reclamando esa clase de beneficios sin ningún problema.

Quienes se ven mayormente afectados por esta guerra contra la marihuana suelen ser pobres o gente de la clase trabajadora. No pueden evitar la cárcel contratando abogados costosos y pueden quedar en la ruina si pierden la posibilidad de acceder a la ayuda económica federal o estatal. En 1997, Gary Martin fue arrestado en Manchester, en el Estado de Connecticut, acusado de posesión de marihuana. Casi veinte años antes había sido gravemente castigado durante un robo, episodio que le dejó lesiones cerebrales permanentes. Después de la golpiza, sufrió una serie de ataques que le paralizaron el lado derecho del cuerpo. Empezó a sufrir problemas circulatorios y finalmente le tuvieron que amputar la pierna izquierda.

Martin fumaba marihuana con regularidad para aliviar los "dolores fantasma" de su miembro amputado. Tras haber sido arrestado por poseer menos de cien gramos de droga, fue desalojado de su departamento para ser depositado en un complejo especial para ancianos y discapacitados. A ninguno de los médicos y enfermeras que lo trataban les avisaron nada sobre el desalojo. Si no, habrían presionado a las autoridades a su favor. "Sacar a este hombre de su departamento por lo de la marihuana", afirma el periodista Tom Condon, del Hartford Courant, "fue lisa y llanamente patético".

Los hijos de importantes funcionarios del gobierno, en cambio, han conseguido evitar castigos ejemplares. En 1982, el año en que Ronald Reagan emprendió su guerra contra la droga, el hijo de su jefe de gabinete fue detenido por vender marihuana. John C. Baker, hijo del futuro secretario de Estado, James Baker III, le vendió alrede- dor de siete gramos a un policía encubierto. Según la ley estatal, Baker tenía que enfrentar cargos criminales y un período de encarcelamiento que iba de dos a veinte años. En cambio, se lo acusó de un delito menor, se reconoció culpable y se le aplicó una multa de 2.000 dólares.

En 1990, el republicano Dan Burton, de Indiana, propuso una legislación que exigía la pena de muerte para los dealers. "Tenemos que educar a nuestros hijos sobre los peligros de la droga", dijo Burton en aquel entonces, "e imponer nuevas y fuertes penas a los dealers". Cuatro años después, su propio hijo fue arrestado cuando transportaba unos 3,6 kilos de marihuana desde el Estado de Texas hasta el de Indiana.

Burton contrató un abogado para que defendiera a su hijo. Mientras esperaba el juicio, cinco meses después, Danny Burton II volvió a ser detenido por haber plantado en su departamento de Indianápolis treinta brotes de marihuana. La policía también encontró en el lugar un revólver. Según la ley federal, Burton debía recibir, sólo por la posesión de un arma, una sentencia mínima y obligatoria de cinco años de cárcel, además de otros tres años de prisión por posesión de marihuana. Nunca fueron presentados cargos federales en su contra. Burton terminó recibiendo una condena leve: un período de servicio comunitario, probation y arresto domiciliario.

En 1973, Oregon se convirtió en el primer Estado en despenalizar la marihuana. Pronto otros le siguieron el paso, incluyendo California, Ohio, Mississippi y Carolina del Norte. Tiempo después diversos estudios llegaron a la conclusión de que en esos Estados no se consumía más marihuana que en los que tenían una legislación represiva.

En 1994, después de cuarenta años de ser minoría, los republicanos lograron el control del Congreso de Oregon y rápidamente pusieron manos a la obra para endurecer las leyes estatales contra las drogas. Pretendían que fuera un mensaje simbólico para la juventud del país. En junio de 1997, la Legislatura local aprobó la nueva penalización con más de dos tercios de los votos. Tanto republicanos como demócratas respaldaron una cláusula que convertía la posesión de marihuana en un crimen que podía ser castigado con una sentencia carcelaria.

John Kitzhaber, el gobernador demócrata del Estado, firmó con resistencia la nueva legislación, pero prefirió no vetarla para no correr el riesgo de parecer blando en la materia. De inmediato, activistas a favor de la reforma de la penalización comenzaron a juntar firmas para que se realizara un referéndum estatal sobre el tema, argumentando que eran los votantes quienes debían determinar la política de Oregon en relación con la marihuana. Esas firmas dieron lugar a la Medida 57, una iniciativa de voto para la repenalización. El gop (Gran Old Party, los republicanos), el diario Oregonian, de Portland, y un grupo denominado Oregonians Against Dangerous Drugs (Oregonianos Contra las Drogas Peligrosas) apoyaron un sí a la medida.

Ninguna figura política importante de Oregon votó por el no cuando se plebiscitó la Medida 57. Sin embargo, el día de la elección, los ciudadanos del Estado repudiaron a su Legislatura y respaldaron con más de un 60 por ciento de los votos que la marihuana siguiera despenalizada.

se ha dicho que en toda guerra la primera víctima es la verdad. La campaña norteamericana contra la marihuana nos da un buen ejemplo. Ningún diario de gran tirada de los Estados Unidos mencionó hasta el momento las conclusiones a las que llegó The Lancet sobre los daños reales que ocasiona el consumo de porros. El año pasado, otro diario británico, el New Scientist, reveló que distintos puntos del reciente informe preparado por la Organización Mundial de la Salud fueron suprimidos a último momento.

El estudio realizado por el organismo de las Naciones Unidas había concluido que la marihuana es más saludable que el alcohol y que el tabaco. Funcionarios norteamericanos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas reclamaron que esos pasajes fueran eliminados, asegurando que serían un aliciente para los grupos que hacen campaña a favor de la legalización de la marihuana. Un posterior editorial del New Scientist criticó "la propaganda que circula en los Estados Unidos" y pidió la despenalización. Hace más de una década, un investigador del nida le confió a la revista Scientific American la presión constante que existe para descubrir los supuestos efectos nocivos de la sustancia: "Nunca se gastó tanto dinero tratando de encontrar algo malo en una droga, y nunca se obtuvieron tan pocos resultados".

Los votantes norteamericanos parecen estar haciéndose a la idea de una política sobre la marihuana basada en el sentido común y no en el resentimiento. Italia, España y Holanda la despenalizaron y sus respectivas sociedades, que se sepa, todavía no se vinieron abajo. No es difícil esbozar una política racional: el uso de marihuana debería ser desalentado sin penalizar a los consumidores. La posesión de pequeñas cantidades para utilización personal debería dejar de ser un crimen. Sólo se deberían reservar unas pocas celdas para los infractores violentos y peligrosos. Como ocurre con el alcoholismo, el abuso de droga debería ser considerado como un problema de salud pública, no como un problema a ser resuelto por el sistema de justicia criminal.

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